El titular del ente rural, Francisco Ruíz Díaz, se entrevistó con el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón.
Ambas autoridades acordaron un trabajo interinstitucional que permita abordar los problemas del mundo rural e indígena, en un marco de cooperación mutua, lo cual ayudará a coadyubar con soluciones en los diferentes casos, facilitando los trámites con agilidad, celeridad y transparencia.
Asimismo, Rolón y Ruiz Díaz intercambiaron informaciones sobre la problemática de los campos comunales y la reciente intervención del Ministerio Público en dependencias de la institución agraria.
El Fiscal General manifestó su apoyo total a todo el proceso iniciado por el gobierno en materia de titulación masiva de tierras, y se mostró interesado en conocer los avances y resultados de la campaña de titulación impulsada por el presidente de la República Santiago Peña, a través del Indert, indicó Ruiz Díaz.
“Acordamos con el fiscal fortalecer una agenda de cooperación mutua, basada en primer lugar en el trabajo interinstitucional, con el intercambio de información entre ambas entidades, con la mayor facilidad posible en los trámites, apoyar los trabajos de la fiscalía, principalmente en temas de reforma agraria, la problemática campesina e indígena, posesión y tenencia de la tierra, para fortalecer los aspectos vinculados a la Ley y normas en materia de reforma agraria, así como la protección de los derechos de los pueblos indígenas, previstos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales en materia de derechos de los pueblos originarios”, resaltó el titular del ente rural.
Añadió que “se trabajará con las Unidades Fiscales de todo el país, proveyéndoles todas las documentaciones que requieran en los casos en que la Fiscalía tome intervención. Se estableció además un acuerdo de cooperación en materia de capacitación del capital humano. En ese sentido, existe un instrumento legal internacional muy importante como las Directrices Voluntarias de la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, y en ese marco, se establece que los órganos del Estado, ya sea el Poder Ejecutivo o vinculado al sistema judicial, deben fortalecer las capacidades del capital humano de sus instituciones en el ámbito de la gobernanza responsable”, explicó Ruíz Díaz.
