Francisco Ruiz Díaz impulsa un cambio de fondo para fortalecer la participación comunitaria, garantizar el acceso a la información y transparentar los procesos de la reforma agraria.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) avanza hacia un nuevo modelo de gestión de la tierra, en el que las comunidades campesinas tendrán un papel protagónico en la validación de la información que sirve de base para los procesos de titulación y reconocimiento de la ocupación.
El presidente del INDERT, Prof. Econ. Francisco Ruiz Díaz, emitió la resolución 2462/26 que apunta a fortalecer la participación de los pobladores y establecer mayores garantías de transparencia, otorgando a las asambleas comunitarias un rol fundamental en los procedimientos vinculados a la regularización de tierras.
La medida se enmarca en los principios de la Constitución Nacional, cuyo artículo 1.º define al Paraguay como una democracia representativa, participativa y pluralista, y en las disposiciones del artículo 78 de la Ley N.º 1863/2002, que establece el Estatuto Agrario.
La comunidad, protagonista de las decisiones sobre la tierra
Con esta nueva disposición, la información relacionada con los procesos de titulación deberá contar con la validación de la asamblea comunitaria, que será convocada por la respectiva Junta Vecinal, conforme al procedimiento establecido en la resolución.
Asimismo, se establece que no se podrá otorgar constancia de ocupación a personas que no cuenten con el respaldo comunitario exigido por la normativa.
El objetivo es impedir que decisiones que afectan directamente a las familias rurales queden exclusivamente en manos de funcionarios, sin los mecanismos de participación y control de los propios pobladores.
La iniciativa apunta, además, a garantizar que las comunidades tengan acceso a la información que les concierne, evitando prácticas de ocultamiento o restricciones arbitrarias que puedan perjudicar sus derechos e intereses legítimos.
Más participación, menos discrecionalidad
“Se trata de devolver el poder a las comunidades, es el principio que sintetiza el sentido de esta transformación institucional", explicó el titular del ente rural.
Agregó que la reforma busca reducir la discrecionalidad administrativa, fortalecer el control social y prevenir posibles irregularidades en los procedimientos de adjudicación y titulación de tierras destinadas a la reforma agraria.
El nuevo enfoque cobra especial relevancia ante situaciones en las que podrían existir intentos de favorecer intereses particulares en detrimento de las familias campesinas.
En ese sentido, las denuncias sobre eventuales maniobras para encubrir adjudicaciones a favor de empresas o terceros deberán ser examinadas con las correspondientes pruebas y garantías legales.
La participación efectiva de los pobladores y la validación comunitaria de la información constituyen herramientas para detectar inconsistencias, prevenir conflictos y asegurar que los procedimientos respondan a los fines de la legislación agraria.
Una democracia que también se construye en el campo
La Constitución Nacional no concibe la democracia únicamente como la elección periódica de representantes. Su artículo 1.º incorpora expresamente el carácter participativo del sistema democrático paraguayo.
En el ámbito rural, ese principio adquiere una importancia especial: las familias campesinas deben tener la posibilidad de conocer, verificar y participar en las decisiones que afectan sus tierras, sus comunidades y sus posibilidades de desarrollo.
En concordancia con ese principio, el artículo 78 del Estatuto Agrario forma parte del marco jurídico que orienta la actuación institucional en materia de desarrollo rural.
La resolución firmada por Ruiz Díaz representa una apuesta por una gestión más transparente, participativa y comprometida con los derechos de los sujetos de la reforma agraria.
El mensaje institucional es claro: la tierra destinada a la reforma agraria debe responder a su finalidad social, y las comunidades deben ser protagonistas de los procesos que definen su futuro.
