• Francisco Ruiz Díaz conformó un equipo técnico y jurídico que investiga dos denuncias, una de supuesto cobro irregular de viáticos por valor de casi Gs. 400 millones, lo que habría derivado en la descontratación de un centenar de funcionarios, y otra por supuesto incumplimiento de acceso a la información. Ambos hechos habrían ocurrido en la anterior gestión del ente rural.
En el marco de la política del Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, de transparencia institucional y tolerancia cero a la corrupción, el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, conformó un equipo técnico y jurídico especializado, que tras una investigación de denuncias específicas, detectó que entre los años 2021, 2022 y presente año 2023 (tres años) un grupo de funcionarios conformados por cinco personas habría cobrado de forma irregular casi Gs. 400 millones, por trabajos supuestamente realizados en el marco del programa de titulación de tierras del Indert a favor de los beneficiarios del país. A pesar de los millonarios viáticos, los trabajos de campo no se habrían realizado en tiempo y forma.
Los funcionarios denunciados habrían cobrado de forma irregular en 2021 Gs. 274.086.880; en el año 2022, Gs. 29.803.187; y en este año 2023, Gs. 38.745.155, sumando un monto total de casi Gs. 400 millones.
Ruiz Díaz manifestó que "aparentemente de forma precipitada los funcionarios denunciados presentaron un informe de viático fuera de tiempo de la supuesta tarea realizada a las comunidades rurales donde fueron comisionados, lugares donde el proceso de titulación de tierras actualmente están a punto de concluir”.
El titular del ente rural sostuvo que "los recursos, provenientes de los impuestos públicos, deben ser retribuidos al pueblo. No puede ser que una institución no pueda cumplir su misión, gastando millones de guaraníes, que bien podrían ser destinados para generar unos 2.000 a 2.500 títulos de propiedad; o bien a la educación y salud, y no para vacacionar".
Estas presuntas irregularidades habrían influido en la descontratación de un total de 100 funcionarios, que quedaron cesados por falta de presupuesto. "Unas 100 personas en este momento quedaron descontratadas, hasta tanto dure la investigación. Hay indicios de que serían operadores políticos, que han sido contratados irregularmente”, explicó Ruiz Díaz.
En cuanto a la acusación del Sindicato de Trabajadores de la Reforma Agraria (Sintra) de la institución, a través de una nota remitida a un medio de comunicación televisivo, se denunciaba un incumplimiento de la ley de acceso a la información pública por parte de la administración anterior. Sostuvo que la investigación del tema se dilucidará con el estudio del caso, para tomar las medidas en el marco de la ley.
“La recomendación jurídica, tras las denuncias, es apartar a las personas involucradas, realizando cambios transitorios en ciertos cargos, a fin de determinar si la acusación del sindicato es real o no”, mencionó el titular del ente agrario.
El presidente del Indert ratificó la política del actual Gobierno de transparencia y lucha frontal contra la corrupción. Igualmente, que el funcionario esté al servicio de la gente y no de sus intereses personales. Dijo que la actual administración trabajará exhaustivamente en los criterios de: evaluación, gestión de calidad al estilo ISO 9001, monitoreo y protagonismo de los propios beneficiarios, quienes darán la conformidad o no de los trabajos realizados.
