Apoya idea de que fondos sean utilizados para el desarrollo de las colonias y asentamientos
El presidente del Comité de Iglesias, monseñor Mario Melanio Medina, pidió la urgente aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de Ley Especial que tiene por objeto regularizar la situación de las extensas tierras conocidas como Antebi Cué.
El religioso brindó su respaldo a la administración del presidente del INDERT, Horacio Torres, "porque está cumpliendo con una buena labor al frente de la entidad".
En ese sentido, Medina anunció que “el Comité de Iglesias, realizará un diálogo con autoridades del Parlamento Nacional para que se acelere la aprobación del proyecto de Ley, de manera que los recursos obtenidos por la venta de las tierras de Antebi Cué sean destinados a la reforma agraria”.
El presidente del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), monseñor Medina, participó de la mesa de trabajo semanal celebrada en el local central del ente agrario, en Asunción, entre las organizaciones campesinas e indígenas con el Gobierno.
"Apoyamos que el INDERT pueda contar con recursos para destinarlos a la reforma agraria y el desarrollo rural, de manera a dar solución a la problemática de tierra de los campesinos e indígenas”, declaró.
El inmueble expropiado por ley de 1995 en Concepción, hoy llamado Antebi Cue consta de 224.000 hectáreas de las cuales 80.000 el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) estudia la posibilidad de venderlas a los actuales ocupantes, con el fin de saldar una deuda histórica de 105 millones de dólares.
De aprobarse el proyecto, se pretende vender las 80.000 hectáreas a los actuales pobladores de Antebi Cue, que no son sujetos de la reforma agraria.
Con ello se llegaría a cubrir la deuda actual del Indert y se invertiría en el fortalecimiento de las colonias mediante asistencia técnica, la compra de maquinarias, tractores, semillas, insumos.
El presidente del ente rural, Horacio Torres, propone que el manejo de esos eventuales fondos sea estrictamente controlado por una comisión parlamentaria bicameral, las organizaciones campesinas y la Contraloría General de la República, además de cualquier otra institución que lo desee.
