En noviembre del año pasado, fueron entregados los primeros títulos de propiedad a los pobladores de Puerto Casado.
La Junta Asesora y de Control de Gestión del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) aprobó un convenio interinstitucional clave que permitirá la regularización y transferencia de una donación de 30.000 hectáreas a favor de sus ocupantes en la zona de Puerto Casado.
Este acuerdo, trabajado de manera conjunta con la empresa Atenil S.A., destraba un problema jurídico de tres décadas y se posiciona como un modelo innovador de alianza público-privada. Bajo este esquema de cooperación, el Estado y el sector privado asumen el compromiso de trabajar de manera articulada y directa con las familias campesinas, priorizando el fomento de la ocupación pacífica de las tierras como pilar indispensable para la paz social, el diálogo rural y la resolución definitiva de la confrontación histórica.
La resolución de este litigio tiene un profundo impacto macroeconómico. La evidencia empírica e institucional demuestra que los conflictos territoriales prolongados y la inseguridad jurídica en el campo generan altísimos costos de transacción, fuga de capitales y parálisis productiva, impactando negativamente en las economías en desarrollo con pérdidas que históricamente restan 2% del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Al pacificar esta zona, el Estado elimina estas barreras estructurales y protege el crecimiento nacional.
Con este paso, la administración reafirma su compromiso con los enfoques de la Nueva Ruralidad. La regularización de estas 30.000 hectáreas donadas trasciende la visión puramente productiva tradicional para convertirse en una política pública que corrige las asimetrías y fallas de los mercados rurales, instaurando instituciones verdaderamente inclusivas en el Chaco. Al garantizar una ocupación pacífica respaldada por la formalidad, el Estado logra transformar el "capital muerto" en un activo económico real que integrará a las comunidades a los circuitos formales de desarrollo.
A partir de la ratificación de este convenio, el INDERT iniciará de inmediato los procedimientos técnicos de regularización, demostrando que la cooperación público-privada, el diálogo con el campesinado y la certidumbre jurídica son el motor del desarrollo territorial sostenible.
