El director de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Abg. Alfredo Torres, fue apartado del cargo a raíz de denuncias realizadas por supuestos hechos de corrupción en su contra. Fue en la audiencia pública realizada por el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, en la Colonia Yvype, distrito de Lima, departamento de San Pedro.
En la oportunidad se acercó a realizar la denuncia al presidente del Indert, la ciudadana Noelia Maldonado, una ocupante y adjudicada de un lote propiedad de la institución, quien explicó el caso que le afecta a ella y su esposo, Esteban Villamayor, quienes están a punto de ser llevados a la cárcel por supuesta invasión de inmueble, en el marco de un llamativo “proceso penal” instaurado por unos supuestos propietarios menonitas.
Con un pie en la calle y otro en la cárcel, una mujer con cuatro menores sigue siendo hostigada por la misma Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray, quien, sin tener elementos suficientes del legítimo propietario, el INDERT, instauró un proceso penal, cuya fase se encuentra en juicio oral y público a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por el Abg. Guido César Marecos (Presidente), Abg. Karina Von Tumpling (miembro titular), Abg. Rodney Rejalaga (miembro titular).
Y todo esto surge aparentemente con base al dictamen jurídico elaborado y firmado por el director Anticorrupción, sin tener las atribuciones para entender en el caso, menos emitir dictámenes sobre si corresponde o no adjudicar una propiedad.
La intervención de Alfredo Torres generó un caos jurídico que dio pie a que otros interesados soliciten la tierra en disputa e incluso haya sido utilizado como base para denunciar por invasión, coacción y desalojos a humildes colonos de la propiedad del Indert, quienes siguen sufriendo amedrentamiento y persecución violando sus derechos humanos y legítima defensa, consagrados en la Constitución Nacional.
Los elementos presentados que dieron impulso al procedimiento se basaron en la recomendación del dictamen emitido por el director Anticorrupción, con el agravante de que la Fiscalía omitió todos los otros documentos informativos y oficiales de gran relevancia emitidos por la Dirección General de Asesoría Jurídica, en el marco de procedimientos administrativos que lleva el ente rural en dicha colonia.
En virtud al principio de transparencia institucional, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, dispuso como medida anticipada la intervención de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción y la separación del cargo del abogado Alfredo Torres a fin de dilucidar y esclarecer todas las denuncias recibidas en los casos en cuestión. Por resolución de Presidencia del ente rural, la directora General de Asesoría Jurídica, Abg. Andrea Gisselle Ramírez, fue designada como directora interina de Transparencia y Anticorrupción, sin perjuicio en sus actuales funciones.
