El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) vela por el estricto cumplimiento de la Ley 4.682/12, que sanciona la compra - venta ilegal de derecheras, a las personas que no reúnen los requisitos y al escribano que intermedia en la infracción de la ley.
De esta forma, el ente agrario busca ordenar el patrimonio del Estado y otorgar las tierras a los verdaderos sujetos de la Reforma Agraria.
A través del trabajo técnico de la Gerencia del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), el Instituto logra la aplicación estricta de la referida ley, lo que permite otorgar a una familia campesina, beneficiaria del Estatuto Agrario, su derecho de posesión de lotes.
Esta práctica ilegal ocasiona un gran perjuicio a los compatriotas de los sectores sociales más vulnerables.
La Ley 4.682/12 “sanciona la comisión de hechos punibles contra bienes patrimoniales destinados a la política agraria de Estado”. En su artículo 1°, la sanción incluye al ocupante o adjudicatario de lotes que, por sí o valiéndose de otro, transfiera a un tercero sus derechos y acciones en contravención a las restricciones previstas en el Estatuto Agrario.
En el artículo 2, establece penas para el que adquiera esos derechos de algún inmueble, quien será sancionado con la pérdida de sus derechos sobre las mejoras adquiridas o introducidas. La compra será nula, y el castigo será mediante una pena privativa de libertad de dos a cinco años para el adquirente.
En el artículo 3 se establece que quien con el fin de obtener un beneficio patrimonial indebido induzca a otro a la compra o venta de lotes será castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años y con multa complementaria en los términos del Código Penal.
Asimismo, en el artículo 4, el funcionario público que extienda documentos pretendiendo validar la transferencia de lotes será castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años. En este caso, también será castigada la tentativa.
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