La institución promovería demanda por difamación y calumnia contra la abogada que incidentó un procedimiento
EL INDERT está desarrollando trabajos técnicos de campo en Santa Lucía, Itakyry, en un marco de respeto a las normativas legales y la propiedad privada y desmiente que esté procediendo a desalojos, como pretenden hacer creer ciertos sectores interesados en mantener situaciones de dudosa legalidad.
“Es falso que se entró en el lote 2, no se hizo desalojo, el acta de desalojo no fue incidentado, porque no hubo prepotencia, y los documentos hablan por sí solos. Dicho lote había sido adjudicado a una familia campesina de Santa Lucía, para uso extensivo en la producción. El ente rural ya cuenta con un proyecto de resolución por el cual desestimaría pretensiones de personas que no califican para ser beneficiarios de la reforma agraria y se ratificará en que corresponde la entrega del lote 2 a la familia campesina de Santa Lucía", explicó la directora jurídica del INDERT, Abog. Natalia Caballero.
Añadió que cuando quede firme la resolución del ente rural de la entrega del lote a la familia campesina de Santa Lucía recién se procederá al desalojo de personas que no son sujetos de la reforma agraria, porque dicho lote volverá plenamente al patrimonio del ente rural. Es el trámite que está en curso.
"La abogada identificada solo como Graciela, que dijo representar a personas que no serían sujetas de la reforma agraria, no presentó algún poder que la acredite como tal. El poder está a nombre de otra abogada y esta persona nunca tuvo intervención en el proceso, por eso no dejó copia de su poder en la Comisaría interviniente", señaló Caballero.
Reiteró que la citada abogada no cuenta con un poder para representar a ocupantes de tierras que son públicas.
"Por eso se retiró del lugar del procedimiento y luego intentó descalificar el operativo del ente rural. Nuestra institución enviará una escribana a esta señora para que se ratifique o rectifique de sus dichos, y dependiendo de eso, vamos a presentar una querella por difamación y calumnia contra la misma, por la utilización de documentos que no son válidos para conseguir una medida cautelar".
Con todos los documentos que obran en manos del ente rural se solicitará a la jueza el levantamiento de la medida cautelar y allí se entrará a denunciar a la abogada y la jueza que permitió estos incidentes, concluyó la Abog. Caballero.
